Un rol importante en la construcción de la ciudadanía chilena
del siglo XXI lo ha jugado el despertar de las regiones. En efecto, lo que ha
tenido lugar en distintos lugares del país, obedeciendo a lógicas de fuerte raigambre
local, sea en Aysén, Magallanes o Calama ha llamado la atención y muestra un
nuevo camino, a lo que habría agregar temas como el mapuche o las demandas de
Rapa Nui, que sin embargo necesitan una tratativa distinta, dado su fuerte
componente étnico.
En las páginas siguientes vamos a referirnos a la
problemática planteada por las regiones en un país fuertemente centralizado,
argumentando que se necesita dar un paso adelante, en el sentido que quizás ha
llegado el momento de un nuevo pacto nacional, que incluya este elemento al igual que lo social. Nuestra referencia no
irá en el sentido de describir hechos ampliamente conocidos, sino de las
reformas necesarias para que un nuevo Pacto responda con una renovada
institucionalidad a las demandas que allí se originaron.
I.- Antecedentes.
La característica extremadamente centralizada de Chile es tan
antigua que antecede a la independencia de España, toda vez que proviene de las
reformas borbónicas. Este centralismo le permitió al país una estabilidad
básica que contribuyó a evitar las divisiones y enfrentamientos que
caracterizaron el siglo XIX de muchos países que habían sido parte del mismo imperio colonial.
Intentos federalistas hubo pocos y no tuvieron éxito al igual
que fracasó la comuna autónoma, por lo que el estado portaliano fue una
construcción que le dio un sello y fisonomía al país, a pesar que intentos
regionalistas se expresaron incluso en desafíos armados en 1851 y 1859, sobre
todo, en las zonas mineras del norte.
Por lo tanto, es indudable que este Estado centralizado le
prestó muy buenos servicios al país, pero en el siglo XXI es un anacronismo
histórico que necesita cambios legales y aún reformas constitucionales para permitir el doble
proceso de que el poder y los recursos se redistribuyan de forma mas igualitaria entre las diversas
regiones y que además le permitan a las municipalidades transformarse de meras
administraciones en verdaderos gobiernos locales.
Este proceso necesita de cinco fundamentos: una ética de
principios, una democracia de calidad, el
remplazo del clasismo por la meritocracia, la aceptación de la diversidad étnica y
regional del país, y una visión estratégica que le de sentido y horizonte a
este cambio.
Chile conoció cambios diversos en el siglo XX. Así fue como
que a la guerra civil de 1891 le sucedió un estilo de gobierno donde hubo una
fuerte presencia de frondas sin que llegara a constituir un parlamentarismo. De
allí se conoció a partir de la segunda década del siglo, la irrupción del
movimiento sindical de la mano de la llamada “cuestión social”, y la aparición
de las clases medias en un proceso de movilidad social que va entre el “Cielito
Lindo” de Alessandri Palma y el Frente Popular de los radicales. En 1952 , con el símbolo de la escoba y con
el apoyo del voto femenino que por primera vez se ejercía en elecciones
presidenciales llega al poder el General Ibáñez, aunque casi nada quedaba de su
movimiento al momento de entregar el poder a don Jorge Alessandri en 1958,
quien a su vez es sucedido por la Revolución en Libertad de Eduardo Frei
Montalva, el que será remplazado en La Moneda por Salvador Allende y la Unidad
Popular, derrocados por el Golpe de Estado de 1973 y los casi 17 años
dictatoriales del General Pinochet.
En otras palabras, uno detrás de otro, tuvimos buena parte de
los gobiernos que son enseñados en Ciencia Política, ejemplo de insatisfacción
y de búsqueda por parte de los chilenos, donde la excepción son los 20 años
seguidos que estuvo en el poder la Concertación que derrotó en el plebiscito de
1988 al gobierno militar.
Cambios similarmente fuertes se reflejan en lo económico, ya
que el país dependiente del salitre dio paso después de la crisis de 1929-30 a
un estado fuertemente activo en la producción económica, en la creación de
grandes industrias y en la sustitución de importaciones. El periodo de Pinochet
coincidió con una fuerte privatización, un movimiento hacia la primacía del
mercado y un esquema exportador, que fue continuado, por los gobiernos
concertacionistas, con cambios menores
en el modelo económico.
En otras palabras, Chile ha conocido muchos cambios, unos
detrás de otros como los mencionados en lo económico y en lo político, pero
nada de lo señalado afectó la esencia del estado centralista que sigue siendo
una característica marcada del país.
Otros cambios fueron más lentos, sobre todo en lo social, ya
que la clase social dominante no fue desafiada durante casi un siglo, el que va
de la independencia hasta el siglo XX, donde el Chile que surgió de la
separación de España estuvo fundamentalmente en las mismas manos. Si menciono
lo social, es para reiterar que tampoco hubo desafío al estado centralista con
el que nacimos a la vida independiente, por lo que este breve recuento
histórico es bastante ilustrativo de la importancia que el desafío de las
regiones plantea a un tipo de estado que ha marcado varios siglos, ilustrando a
la vez, la importancia y las dificultades de un cambio profundo.
II.- Chile en la primera década del XXl.
Reiterando que las demandas mapuches y de Rapa Nui tienen al
igual que las de otras etnias un componente de naturaleza especial, los
movimientos que han surgido en regiones alejadas de la capital, tienen
características especiales donde no solo se busca un trato diferente en su
relación con el centralismo, sino que han ocupado un rol clave conceptos tales
como igualdad, y especialmente, dignidad.
No son por cierto los únicos que han planteado estos
principios, pero su transversalidad los
alejan de la característica nacional de otras reivindicaciones. El despertar de
las regiones de las que hemos sido testigos y la expresión de un sentimiento de
sentirse olvidados por y decepcionados del centralismo, surge como un hito
importante en la aparición de una nueva ciudadanía, activa y no pasiva, sujeto
de derechos, y que busca sentirse protagonista de la democracia y protegida por
derechos establecidos en la marco constitucional.
Según lo dispone la Constitución que nos rige en su artículo
tercero, el Estado de Chile es unitario y la administración “será funcional y
territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a
la ley”. Sin embargo, nada afecta en la práctica la visión de que “Santiago es
Chile”, además que no hay una adecuada explicación de porqué las regiones son
quince y los municipios 345, y no una cantidad mayor o menor.
Por su parte, lo que expresan las encuestas es una sensación
de poco poder y de escasa decisión por parte de las autoridades regionales.
Quizás ello es lo que explica la poco razonable petición que en los conflictos
emblemáticos que hemos mencionado, se pida la presencia de un ministro, ya que
intendentes son considerados interlocutores insuficientemente empoderados,
aunque todo indicaría que alguien que llega desde afuera de la región desconoce
las problemáticas que se le están planteando.
Avanzado el siglo XXl, ante este despertar regional y el tipo
de demandas que surgen, parece evidente que ha llegado el momento de reformular
la legislación que tiene relación con regiones y municipios.
Al respecto, empezaremos a avanzar algunas ideas.
III.- Regionalización y Municipalización.
Una transformación de carácter histórico parece ser la
respuesta adecuada a lo que nos muestra el mencionado despertar de las
regiones. Mirar hacia el futuro y no al
pasado, es decir, en el siglo XXl se requiere de un proceso de Regionalización
que redistribuya el poder y cree una nueva institucionalidad, modificando la
que en esencia tenemos desde la colonia.
El mundo ha cambiado, pero el Estado chileno no lo ha hecho.
Muchos esfuerzos se han hecho en áreas tan diversas como la economía y los
derechos humanos para adaptarse al proceso de globalización, pero poco se ha
avanzado en la reformulación de un centralismo obsoleto.
Un Estado Regionalizado viene a ser una nueva etapa histórica
para el país, la cuarta, después del Estado como constructor de la nación, del
Estado Productor, y del Estado liberal, con los agregados de regulación que ha
traído consigo la democracia.
1.- El Estado Regionalizado para ser tal, necesitaría al
menos de lo siguiente: a) una mayor cuota de democracia local con plebiscitos
en materias variadas y elección de consejeros regionales; b) traslado de mas
recursos a las regiones, de tal forma que exista en la suma una cantidad
semejante a la que maneja el gobierno central, tal como ocurre en los países
más prósperos, ya que un denominador común entre los países considerados más ejemplares, independientemente de su
sistema político y tradiciones culturales, es la importancia que le conceden en
los hechos y en el derecho a lo local. En la misma línea, y donde corresponde,
un mayor poder de disfrute de royalties;
c) que una proporción creciente de temas puedan ser decididos a nivel
regional, tales como educación, salud , vivienda, planes de empleo, otros, y en general, todos
aquellos donde quienes viven en una región, pueden apreciar si algo funciona o
da mal resultado, sin necesidad de conocimientos especiales, como podría ser
como ejemplo opuesto y extremo, la decisión de instalar energía nuclear, que
por sus características requiere de una decisión nacional y centralizada. Por
intermedio de reformas legislativas, serán las Asambleas Regionales las que
tendrán el poder de decisión en temas tales como la educación y la salud; d)
partidos políticos y órganos gubernamentales deberán regionalizarse al igual
que se requerirá el traslado a regiones de las casas matrices de empresas
públicas, tales como las mineras al norte del país; e) la estructura impositiva
del país deberá reflejar esta institucionalidad regionalizada; f) por último,
se deberá tender a un país más balanceado para evitar que en las regiones se
reproduzca el esquema centralista, y que las ciudades más grandes le hagan a
las más pequeñas lo mismo que hoy le hace Santiago al resto del país.
2.- En un esquema nuevo de descentralización, el Proceso de Municipalización requiere de
decisiones tales como las siguientes: a) revisión del número de
municipalidades, para dejar una cantidad mayor o menor, pero viable, lo que no
se opone a la creación de la figura del Alcalde Mayor, cuando la concentración
urbana lo haga aconsejable; b) una reforma municipal, que no solo le conceda
los recursos necesarios para abordar sus tareas, sino que al menos sea tan
profunda como la que conoció la justicia, ya que el sistema no admite más
parches. El gran cambio será transformar a los municipios de meras “administraciones”
en verdaderos gobiernos locales, con capacidades en planificación e inversión;
c) se incentivará la más amplia participación a través de plebiscitos locales
que podrían coincidir con las elecciones municipales, incluyendo decisiones sobre
criterios presupuestarios; e) los
concejales tendrán un rol más digno que el actual, reservándoles la ley la
representación de sectores territoriales de la comuna y el hacerse cargo de temas
específicos (género, cultura, etc.), tal como ocurre en otros países, para
crear un efectivo contrapeso y balance al de los alcaldes, ya que su
legitimación es por el mismo voto popular; f) por último, las desigualdades y
desfinanciamientos que ha generado la actual municipalización de la salud y la
educación, serán enfrentados avanzando hacia adelante y no moviéndose hacia
atrás, es decir, a través de la regionalización de las decisiones y no
regresándoselas al gobierno central.
El despertar de las regiones que Chile ha presenciado no debe
ser enfrentado con más de lo mismo, sino con reformas de segunda generación,
basadas en la participación, en la ética y en una democracia de mejor calidad,
reformas que deben ser hechas en conjunto y no en contra de los funcionarios
públicos, partiendo por no olvidar que a cambio de una mejor capacitación se
les debe remunerar dignamente. En el Chile del siglo XXl, estos cambios no pueden ser consecuencia de
imposiciones autoritarias, sino la expresión de un Estado que piensa y actúa en
forma estratégica, y una nueva estructura regional y municipal nos permitirá contar con
instituciones más inclusivas, y un
Estado que al ser más controlable será también más representativo. En otras
palabras, no hay que olvidar que para muchos chilenos estas instituciones
locales son la personificación de la política, y que podrán desconocer el
nombre de muchos ministros o parlamentarios, pero rara vez el del alcalde o
alcaldesa.
IV.- El Marco de la Reforma.
Nuestra perspectiva se orienta a abordar lo que ha estado
ocurriendo en las regiones como un llamado a una profunda reforma, a la vez
legal y constitucional, que también incluya un nuevo Pacto Social.
Es ese marco el que permite preguntarnos acerca del tipo de
organización estatal que deseamos, la respuesta de nuestra época histórica a la
vieja pregunta de ¿qué es un Estado eficiente?, de como se recupera en Chile el
ámbito público y el sentido de comunidad, de como obtiene un rol más prominente
nuestra débil sociedad civil, y de como un concepto como el dominio público se
relaciona con el bien común, la ética, la igualdad de oportunidades y la
cohesión social, en el marco de un nueva relación entre las regiones y el
gobierno central.
En otras palabras, una institucionalidad al servicio de las
personas y de una ciudadanía más exigente, que se identifica con el entorno de
que es parte, y a la cual el Estado debiera responderle con un nuevo ciclo
descentralizador, del cual las regiones y los municipios pasan a ser, junto con
instituciones claves para el país, un socio natural de quienes viven en una
polis determinada, para contribuir a disminuir el déficit de participación que
tiene nuestra democracia.
La reforma legal y constitucional que permita esta nueva institucionalidad
orientada a lo local, no va a ser fácil, ya que a diferencia de la reforma del
sistema de justicia al que se ha aludido, no existe todavía una opinión pública
que apoye masivamente esta acción legislativa como también hay múltiples
actores con una gran diversidad de intereses, por lo que la reforma va a ser un
proceso más que uno o varios actos dramáticos. Por lo demás, la suma de la
existencia de recursos, acuerdos sobre su importancia y la voluntad de grupos
diversos no es suficiente para el diseño de los cambios legales y la
formulación de políticas públicas, como lo demuestran los frustrantes intentos
de generar una buena reforma educacional.
A mi juicio, la reforma de lo regional y de lo municipal está
relacionada con la necesidad del país de avanzar hacia reformas políticas que
llamaría de “segunda generación”, toda vez que la primera, asociada al retorno
a la democracia buscaba consolidarla, a diferencia de esta segunda que debe
proponerse darle poder a las personas más que permitir tan solo la estabilidad del país y el funcionamiento
de sus instituciones. En otras palabras
el arreglo institucional que marcó a la transición y del cual el país puede
sentirse satisfecho de sus logros, en el siglo XXl es totalmente insuficiente,
desde el momento que si antes era un objetivo el respeto a la voluntad popular
hoy lo debe ser en relación a las regiones la igualdad de oportunidades, y si
anteriormente el objetivo era superar el autoritarismo, hoy lo es la
transparencia y la rendición de cuentas.
Eso es lo que se entiende por Calidad de la Democracia, una
vez superadas las etapas de transición y consolidación. La diferencia
fundamental es que si anteriormente bastaba con que las instituciones
funcionaran, hoy la demanda es que además deben funcionar bien y la ciudadanía
debe sentirse orgullosa e interpretada, lo que no ocurre, cuando toda
información disponible muestra un alejamiento crítico de instituciones básicas
para la democracia y un sistema de libertades.
Eso es lo que le da sustento a un nuevo Pacto en que el país
reforma su organización estatal para concederle presencia y poder a las
regiones y a los municipios, ya que si se conforma con lo ya hecho cometería el gran error de
seguir mirando hacia el pasado y no hacerlo hacia el futuro. En otras palabras,
permitirse una nueva visión estratégica, toda vez que muchos arreglos legales y
constitucionales siguen siendo una respuesta a la crisis que el país tuvo en
1973, pero no dan cuenta de los cambios que ha tenido el país desde el retorno
a la democracia, y la necesidad de su perfeccionamiento.
La reforma de la que hablamos tiene como punto de partida el
hecho que una nueva estructura de poder que considere a lo local es clave en un
doble sentido: ayudaría a reformar la legislación que regula a la política, la
que esencialmente sigue siendo la misma que fue diseñada en los ochentas para
un país muy diferente (aunque hoy en un contexto de democracia y libertades),
además de ser útil para abordar el tema del prestigio de la política y el
desinterés en muchos temas públicos.
Centrada en lo local, la reforma debe permitir la iniciativa
popular en materia de ley y los
plebiscitos municipales y regionales. Aún más, para oxigenar la representación
popular, a nivel municipal y regional deben limitarse las relecciones, y
posibilitar el “Recall” o revocación del mandato de quienes no han cumplido con
sus promesas electorales, permitiendo que un número significativo de firmas de
quienes allí viven posibiliten un desafío electoral al cumplirse la mitad del
mandato.
Es decir, la reforma de la estructura estatal aplicada a las
regiones, tiene como marco su preocupación no solo por los derechos del
ciudadano sino también por la modernización y prestigio de la acción del
Estado, lo que empieza a nivel local. Para ello, se necesita de una
organización del Estado lo suficientemente moderna como para atreverse a
concederle poder a sus ciudadanos, y no solo a verlos como entes pasivos que
cada cierto tiempo se limitan a sufragar. Es en ese sentido que son reformas de
segunda generación democrática, y que el lugar para partir, es lo local, sea
municipal o regional.
El Estado debe seguir siendo unitario y mantener la figura
del Intendente como expresión de aquello, pero el Chile del siglo XXI parece no
resistir más el excesivo y agobiante centralismo. Es decir, en el ámbito
municipal y regional, estas reformas de segunda generación necesitan el
concurso de ciertos principios aplicados a lo público, tales como eficiencia,
equidad y calidad de los servicios que se entregan a la población. Lo anterior
en el contexto de una reforma del estado excesivamente centralista, que parte
de la base que son los ciudadanos quienes financian al Estado, y por lo tanto,
pueden ser lo suficientemente críticos como para exigir que lo que entregan en impuestos les sea devuelto en
servicios que valgan al menos lo mismo, y no necesiten acudir al sector privado
en busca de bienes tales como seguridad, educación, salud y otros, que ya
deberían estar cubiertos con lo que se le ha entregado al recaudador.
V.- El Dominio
Público.
Basta observar las sentencias de los últimos años de los
tribunales superiores de justicia, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, y la actividad de la Contraloría General de la República para
apreciar como esas instituciones se han adaptado, reflejado y hasta liderado importantes cambios
culturales de los chilenos, lo que hace aún más notoria la falta de adecuación
del mundo político y de la estructura central del Estado.
En el Chile del siglo XXl, el rol del gobierno central
debiera ser fundamentalmente el propio del Estado regulador, lo que pasa por una
visión estratégica que conceda una mayor protagonismo a las regiones. Ello es
necesario no solo por la recuperación del ámbito de lo público y del sentido de
comunidad, sino también para el rescate del valor de la confianza social, en
una sociedad marcada por la desconfianza. La confianza social es un importante
capital de desarrollo que no poseemos cuando una apreciable cantidad de
chilenos confía en la familia y amigos cercanos, pero desconfía de
instituciones claves para la democracia, tales como parlamento, tribunales y
partidos políticos.
Aquí aparece el concepto que propongo como central para la
reforma que permita una nueva institucionalidad del Estado y una redistribución
del poder a favor de las regiones y de los municipios. Se trata de lo que se ha
dado en llamar “dominio público” (1), un marco conceptual para superar viejas
conceptualizaciones tales como “sector
público”.
El dominio público tiene que ver con el bien común, con la
ética y con un tejido social de mayor cohesión y armonía. Sus componentes son:
a) capital social (redes sociales de confianza y reciprocidad); b) servicios
públicos de calidad; c) cultura pública; y d) el espacio público, entendido
como lugar de encuentro y no de agresión, tal como ocurre hoy con muchos planes
reguladores. En otras palabras, bienes y
virtudes públicas que aparecen como respuesta a necesidades públicas.
Este concepto surge en el siglo XXl como contrapeso del
mercado y del Estado centralizado para impulsar a la sociedad civil. Por
cierto, el lugar donde este proceso puede no solo partir, sino que ser también
más virtuoso es en las regiones.
(1) Daniel
Cravacuore y Ricardo Israel (coordinadores), Procesos Políticos Comparados en
los Municipios de Argentina y Chile (1990-2005), Universidad de Quilmes,
Altuna, Buenos Aires, 2007, pp. 58-60.
Es indudable que al Estado centralista hay que reconocerle y
agradecerle el hecho que históricamente ayudó
de muy buena forma a la estabilidad y gobernabilidad del país. Ello en ningún
sentido contradice el diagnóstico que ya cumplió su cometido, y que hoy es una
maquinaria lenta y pesada, que contribuye a la apatía política y que necesita
una reforma para que a través de lo local tenga una mayor agilidad y
transparencia para responder a las demandas de la comunidad como también que
sea canal y no dique para una ciudadanía más activa y empoderada.
Eso explica la oportunidad de este cambio, ya que lo anterior posibilita el
acercamiento de instituciones que hoy se ven como lejanas y opacas a la gente, toda vez que en lo regional se encuentra el sentido de
pertenencia que hoy es básico para que los países redescubran las raíces que
necesitan para evitar ser engullidos por una homogenización globalizante, que
llega hasta la comida y el vestuario.
Por lo tanto, la institucionalidad de la reforma al estado
centralista debe posibilitar la identificación del ciudadano con el entorno
local del que forma parte, lo que permite a su vez que el país avance otro
paso, más cultural que legal, en el sentido de moverse desde la simple
tolerancia a la aceptación de la diversidad, ya que la primera es pasiva
(“te tolero”) mientras que la diversidad
es un concepto activo, desde el momento que presupone que la diferencia, sea de
genero, social o étnica enriquece al país y a todos quienes allí viven,
contribuyendo de esta manera a abordar el
tema que por sus características particulares quedó fuera de estas
páginas, cual lo es el de los pueblos indígenas.
El concepto de Dominio Público ayuda a entender que los
problemas de una sociedad compleja no pueden ser solucionados por un solo
actor, sea el mercado o la capital de un país centralizado, la que a veces está
situada a miles de kilómetros de donde se requiere la solución. Por ello, toda
reforma que apunte a una democracia de calidad debe considerar a las personas,
ya que una verdadera descentralización
de nuevo cuño se justifica por si sola cuando se acepta que hay ideas y aportes
en todas partes, y no solo en algunos círculos de poder territorial, político,
social y/o económico. El siglo XXl permite que las personas tengan acceso a la
misma información que las autoridades al estar disponible en grandes cantidades.
Lo que hace falta es la voluntad para escuchar otras voces y potenciarlas, lo
que se consigue mejor con unidades políticas más cercanas, de raíz local y
regional.
En otras palabras, después de la reforma, el Estado debe dejar de funcionar como una
pirámide, apropiada para la versión centralista, para empezar a funcionar como
una red, propio de la versión
regionalizada. Si Chile cuenta con libertad política y libertad económica, todavía
no ha resuelto el tema social, sobre todo, que el mérito tenga preferencia por sobre
las relaciones de clase y origen. La reforma del Estado ayuda a abordar esta problemática
pendiente, ya que en lo regional lo público no tiene porqué ser sinónimo de
estatal, sino algo mucho más amplio, donde el rol del Estado regionalizado no
es sustituir la energía local sino impulsarla, remover piedras en vez de
ponerlas.
Para lo anterior y como lo demostró el fracaso del
Transantiago, las soluciones tecnocráticas no sirven para reformar el Estado.
Solo nos ayudan mecanismos participativos, en el sentido que en el Chile del
siglo XXl es muy improbable que se puedan imponer decisiones por parte de
grupos económicos y de autoridades, sin considerar las necesidades y opiniones
de la comunidad. Es una nueva visión de la alianza
público-privado, donde no es entre el poder político y el poder económico, sino
que se considera a nivel regional y municipal a las comunidades locales, sus
líderes y sus necesidades, tanto en dignidad como en derechos, siempre en un
plano igualitario y de respeto.
Dicho de otro modo, la modernización del Estado pasa también
por una mayor equidad territorial, abordando los límites al poder del gobierno
central y de grupos económicos, nacionales e internacionales, respetando las
características de cada región.
VI.- El Contexto Internacional.
Un nuevo marco legal y constitucional para la regionalización
de Chile es la respuesta adecuada a los cambios culturales que ha tenido el
país, y a los movimientos que hemos presenciado en las mismas regiones.
Debe corresponder por lo tanto a una política de Estado,
concebida como un proceso a ser continuado, independientemente del ciclo
electoral, con un punto de partida y uno de llegada de carácter estratégico,
con los ajustes necesarios y adecuados, pero con un camino que no se vea alterado
radicalmente.
Modelos de Estado hay diversos, y van desde el federal al
unitario, con matices muy diferentes que
permiten acomodar hasta las autonomías españolas. Nuestra propuesta no altera
el carácter unitario de Chile, ya que eso sería ir contra la historia y la nación
que hemos construido. Sí modifica el carácter centralizado de ese Estado, para
dar paso a uno regionalizado.
En el contexto internacional de la globalización, la
descentralización debe ser vista como requisito imprescindible para el objetivo país de avanzar hacia el
desarrollo, el cual en el siglo XXl dejó de ser un simple sinónimo de
crecimiento económico, para incorporar el equilibrio territorial, el respeto al
medio ambiente, a los pueblos originarios, y sobre todo, a la comprensión que
la riqueza de los países depende más de sus recursos humanos que del capital o
las riquezas naturales.
La experiencia internacional demuestra que todos estos
elementos se dan mejor en un marco de descentralización que de excesivo
centralismo, lo que fue incluso entendido por la República Popular China para
posibilitar su fenomenal éxito económico, al concederle mayor autonomía a zonas
e incluso ciudades del país.
Para Chile, una regionalización y municipalización de segunda
generación no solo le permite un mayor equilibrio de competitividad
territorial entre las regiones, elemento necesario para integrarse mejor a la
globalización en marcha. Posibilita además la atracción y diversificación del
capital humano, hoy excesivamente concentrado en algunas pocas ciudades.
Lo anterior beneficia no solo a las zonas más alejadas, sino
también a la propia capital, Santiago, ciudad que parece haber llegado a un
punto crítico, y que sería enormemente ayudada por políticas públicas que
revertieran la centralización que amenaza con ahogar su crecimiento
sustentable.
Un Estado reformado, descentralizado y equilibrado entre las
regiones permite darle una visión y un
proyecto-país a autoridades y agentes económicos del cual se ha carecido por
mucho tiempo.
Una redistribución del poder hacia lo local es bastante más lógica y natural para el tipo
de país largo y diverso que es Chile, además de permitirle abarcar temas de
mejor manera en los cuales el Estado centralizado parece abrumado, tales como
la energía y el uso racional del agua. En otras palabras, esta segunda
generación de reformas es más adecuada para el pleno desarrollo de su potencial
en producción y sobre todo, en recursos humanos calificados. Por sobre todo, la
descentralización no afecta el carácter de Estado unitario, haciéndolo tan solo
más racional.
Es además más fuerte aquel Estado que se concentra en
elementos en los que es irremplazable, tales como la seguridad, justicia o
defensa, para desprenderse de lo accesorio. En otras palabras, tiene más poder
aquella estructura política que se descentraliza como también redistribuye las
competencias administrativas y fiscales.
Este tipo de propuesta no es nueva, ya que en el pasado han
existido, pero no han logrado superar el nivel básico. Hoy, con el despertar de
las regiones parecen existir los elementos como para posicionar esta necesidad
a nivel de los tomadores de decisiones y para generar la voluntad política
suficiente como para hacer una reforma profunda.
Por sobre todo, Chile se acercaría a modificar algo que se ha
hecho obsoleto como es su centralismo, y se pondría en línea con algunos de los
países más prósperos y que sirven de ejemplo en el mundo.
No solo nos referimos a Suiza o a países con fuerte
orientación de recursos hacia lo local y regional como Alemania y los países
escandinavos, sino que Chile se ha quedado atrás incluso en el contexto de la
región, ya que en un país que ha gozado de buena situación económica, la
descentralización fiscal regional sigue siendo limitada, siendo el país más
centralizado en Sudamérica, no solo por las limitaciones de las regiones para disponer de sus propios recursos sino
también por su dependencia de las transferencias desde el gobierno central (2).
Más aún, los procesos de transición a la democracia fueron acompañados por
reformas descentralizadoras del Estado en varios países de la región,
incluyendo a Colombia, Perú y Bolivia, con éxitos y fracasos, pero el punto es
que en Chile este tipo de reformas simplemente no tuvieron lugar.
Nos referimos a políticas públicas que traspasan
responsabilidades, recursos o autoridad del gobierno central a entes
subnacionales, ya sea en lo político, administrativo o fiscal, lo que va más
allá de lo meramente funcional que caracteriza a Chile. En América Latina hay
significativas diferencias de un país a otro, donde Colombia se descentraliza
incorporando políticas que incluyen su diversidad étnica. Por cierto allí hay
una tradición territorial de la que carece Chile, y si uno agrega las
particularidades de países como Ecuador o Bolivia, donde el componente indígena
es mucho más marcado, hay elementos que simplemente no pueden ser trasladados
mecánicamente a nuestro país.
Pero el punto no es ése como tampoco insistir en que estos
procesos han traído consigo fracasos, sino destacar que Chile ha carecido casi
del todo de reformas que le concedan poder y recursos a las regiones. Y es esa
excepcionalidad la que dejó de ser un activo, para transformarse en un pasivo a
nivel internacional, y que nos pone en una situación incómoda en el contexto de
los países de la OECD a la cual pertenecemos, y cuyo nivel promedio de
desarrollo económico y sobre todo humano, aspiramos a alcanzar.
(2) Camilo
Vial, ¿Cuál es la descentralización fiscal regional en Chile? Una Comparación
Internacional, Informes 975 ,969, 970, Asuntospúblicos.cl , 2012
En resumen, considerando el contexto internacional, sobre
todo el de los países más ejemplares, es muy difícil que Chile cumpla su
objetivo de transformarse en un país que abandonó la pobreza para llegar al
pleno desarrollo, sin antes hacer una profunda reforma de la estructura
centralizada de su Estado, regionalizándolo.
VII.- No solo la política. También la empresa.
Aunque se ha transformado en un lugar común, no solo en la
política encontramos problemas para descentralizar Chile. Es cierto que los partidos políticos y sus
líderes, estén temporalmente en el gobierno o en la oposición, quieren
conservar sus cuotas de poder, a lo que contribuye el hecho que históricamente
los partidos de raigambre local han sido incapaces de resistir a los
centralizados de carácter nacional, ni siquiera competir de buena forma con
ellos; es verdad que quienes poseen un sillón parlamentario tienen temor a la
competencia que podría surgir de autoridades con representación regional; por
último, existen obstáculos burocráticos en el funcionamiento de los gobiernos
que hacen que se diluyan los intentos descentralizadores, ya que el
funcionamiento de importantes ministerios tales como Hacienda y Obras Públicas
empujan en un sentido contrario en su acción diaria.
Todo lo anterior existe, pero es solo una explicación
parcial. Es así como las grandes empresas han sido particularmente ineficientes
en adaptarse a los cambios de los chilenos, incluyendo este despertar del tema
regional. En efecto, grandes empresas y grupos económicos han mostrado una
notaria falta de sintonía con lo que está pasando en Chile y con los chilenos.
Influye por cierto un discurso anticuado, donde los ciudadanos no perciben un
trato de iguales ante la ley, sino uno condescendiente o propio de subordinados,
pero va más allá de eso.
En el Chile de hoy, no es suficiente hablar de inversión,
sino que la gente espera ser consultada y sobre todo, que se tenga en cuenta su
opinión y dignidad. Al respecto, no parece que haya tenido lugar la adaptación
de la gran empresa, nacional o
extranjera, a esta nueva ciudadanía y a lo que demandan las comunidades. Es
doblemente llamativo, toda vez que sea en Freirina o en la sexta región, no
parece haber un cuestionamiento masivo al modelo, sino una exigencia de
consideración. Incluso, se es testigo de instancias donde se ha dado una
actitud diferente a lo que aparece en los medios de comunicación o a la de
algunas elites, como lo demuestra el referéndum aprobatorio del Mall de Castro
y la llegada masiva de consumidores satisfechos al Costanera Center en
Santiago.
Llama la atención toda vez que las empresas y sus dueños se
adaptaron sucesivamente al proceso de sustitución de importaciones, al Estado
productor, a las privatizaciones y liberalización de la economía del general
Pinochet, y a las regulaciones en ciertas áreas que llegaron junto con la
democracia, solo por mencionar algunos. Sin embargo, las grandes empresas no
han ajustado su toma de decisiones al proceso que está teniendo lugar en las
regiones, quizás porque tampoco han entendido del todo porqué han tenido sonadas
derrotas en estrados judiciales de lo que en verdad son conflictos sociales,
donde los tribunales han sido arrastrados a dirimir por la ausencia de
políticas públicas claras.
Lo señalado también se nota en los temas energéticos, donde
más allá de la falta de definiciones estratégicas por parte de la autoridad,
surge un tema de alta importancia que se relaciona con la argumentación de
estas paginas: en el día de hoy, ni los gobiernos ni los grupos económicos
pueden imponer decisiones, por racionales que les parezcan, sin considerar el
marco social del país. En otras palabras, ningún acuerdo entre intereses
económicos y gubernamentales puede simplemente imponerse, sin
convencer antes a una diversidad plural de actores, lo que también es notorio
en el rechazo de varias comunidades a ser reubicadas en lugares que no les
gustan en el proceso de reconstrucción posterior al terremoto del 2010, como
también le había ocurrido anteriormente al gobierno
de la Presidenta Bachelet con la erupción volcánica en Chaitén.
Por su parte, tampoco los medios de comunicación de masas han
sido capaces de entender y dar cuenta de estos procesos que afectan al Chile
actual.
Y si hacemos la mención a otros estamentos de la sociedad es
para presentar el caso de Noruega, importante productor de hidrocarburos, pero donde alrededor del 90%
de la matriz eléctrica proviene del agua, escenario que marcó el Chile del
siglo XX, pero impensado para el futuro después de Hidroaysén. ¿Cómo fue
posible esa situación en un país rico y además de fuerte conciencia
medioambientalista? Aunque por cierto han existido y existen conflictos, la
diferencia se debe a que en el país escandinavo, habitualmente se incorpora a
la comunidad a los proyectos, lo que ha permitido sino el respaldo total, por
lo menos la reducción del rechazo, es decir, su viabilidad.
El tema de las grandes empresas no es menor, ya que la
creciente mala opinión de las elites no se limita en Chile a instituciones importantes
para la Democracia, tales como el Congreso o los Tribunales, sino también
incluye al poder económico, lo que pasa por la falta de autocrítica de sus
organizaciones en relación a prácticas abiertamente rechazables, tanto en lo
legal como lo ético. Quizás, a ello ha contribuido una nueva y creciente
conciencia frente al tema del conflicto de intereses, que afecta no solo al
mundo político sino también a sectores privados, y a los medios de
comunicación.
Si uno le añade a una sociedad donde los niveles de desigualdad
son cada vez más resistidos, a esta deslegitimación del mundo público y del
privado, surge junto al despertar de las regiones, un rechazo más que al sistema , a la forma como se hace
economía y política, es decir, a la manera como se ejerce poder.
El tema no es solo chileno, ya que en muchos países del mundo
hay un rechazo similar. En esta dimensión internacional que varía de país a
país y que empezó a hacerse visible junto con la globalización que sucedió a la
caída del comunismo, es decir, cuando el sistema político y económico que lo
había derrotado (o mejor dicho que emergió del desplome interno de su
adversario) parecía tener la cancha para jugar solo en Occidente (el Islam es
diferente), fue precisamente el momento
en que se hicieron más visibles sus insuficiencias y fallas.
Lo preocupante del caso chileno a diferencia de lo que ocurre
en países más desarrollados, es que en nuestro país no solo se critica a las
personas sino la propia utilidad de instituciones vitales para la democracia.
Más allá de las criticas a hechos verdaderos que deslegitiman
a movimientos sociales y/o regionales,
tales como el vandalismo y la impunidad de encapuchados, el tema de fondo es
otro, ya que para llegar a una Democracia de Calidad se necesita un cambio del
debate, y ello pasa por una propuesta de futuro y de país, de la cual Chile ha
carecido quizás desde la transición a la democracia que encabezó el Presidente
Aylwin.
Para estas paginas, esta propuesta es un gran acuerdo
nacional en torno a la reforma profunda del Estado, que solo puede ser la de
fortalecer el gobierno local y las regiones, ya que el actual sistema
hipercentralizado crujió en forma tan notoria en su respuesta al terremoto del
27 de Febrero, que simplemente ya no responde a las características del mundo
al que aspiramos a pertenecer, en el sentido que muchas de las soluciones que
hoy se demandan, incluyendo la educacional, podrían encontrar mejores arreglos
a través del fortalecimiento del nivel regional.
VIII.- La Ética de Principios.
Protestas y grandes
manifestaciones en la calle han sido habituales a través del mundo en los
últimos años, abarcando a países tan distintos como Chile, España, Estados
Unidos, Israel y varios del mundo árabe, con motivaciones diversas, y con
regímenes políticos que van desde dictaduras hereditarias hasta democracias, y
con un rango de demandas que oscila desde un cambio de régimen hasta un simple
cuestionamiento a a políticas específicas, donde se critica al poder, económico
u otro, pero no se pide un cambio revolucionario del sistema.
A mi juicio, el entendimiento de lo que ocurre, y al mismo
tiempo su solución tiene que ver con una palabra: la Ética.
Mirando desde un punto de vista más general, si uno quisiera
resumir conceptos políticos presentes en distintas épocas históricas y en
diferentes culturas, se encontraría con tres metas o caminos: libertad,
igualdad y ética. Los dos primeros son obvios
para numerosa gente, porque están presentes en una u otra forma y en
distintas combinaciones en muchos grupos políticos (incluso la guerra fría
puede ser vista como un choque de estos conceptos). Seguramente, cuando
aparecieron los grandes filósofos de la libertad, ya sea en su variante inglesa
o francesa, allá por los siglos XVlI o XVllI, parecía hasta absurdo intentar
remplazar el “plan divino” con el libre
albedrío o la libertad individual, pero hoy no se discute que nacemos con esos
derechos. Algo semejante se puede decir de la igualdad, ya que más allá del
derrumbe geopolítico y del
tipo de sociedad que representaba
la Unión Soviética, hoy es ampliamente aceptado que todos merecen al
menos la igualdad de oportunidades, y la historia política desde el siglo XlX
en adelante estuvo marcada por programas que intentaban promover la igualdad
desde el Estado, para equiparar las diferencias con las que se nace.
Sin embargo, nada semejante ocurrió con la ética, la que tuvo
gran importancia en sociedades antiguas como Grecia, Roma o China. En mi
opinión, lo que se necesita ahora es institucionalizarla, tal como ocurrió con
la libertad y la igualdad en su oportunidad, a pesar de sus evidentes
retrocesos, fallas e insuficiencias.
Cuando hablamos de ética a nivel público hablamos de un tipo
particular, la ética de principios y no la de valores, ya que estos últimos son
cambiantes en las personas y en las épocas históricas, lo que no ocurre con los
principios, los que pueden ser pocos y mucho más fijos al ser denominadores
comunes que no están condicionados por la religión privada o las ideología de
cada uno. En otras palabras, como ejemplo
no se puede mentir un poco, simplemente se miente o se dice la verdad,
lo que también ocurre con la afirmación que el fin no justifica los medios, ya
que desde el momento que se transgrede ese principio ético no hay vuelta atrás.
En el despertar de las regiones hemos sido testigos de un
cuestionamiento a lo que existe más que
la postulación de una sustitución radical del modelo, es decir, más
orientado al mejoramiento ético a los excesos y abusos del poder, sea político
o económico.
A esto nos motiva lo que hemos visto en regiones, y nos
proporciona una base para que países como Chile puedan responder al
cuestionamiento creciente a instituciones representativas de la democracia. En
otras palabras, la necesidad de un nuevo contrato social y constitucional,
sustentado en principios éticos. Si la
historia de la humanidad es la de la búsqueda de progresos en la libertad y en
la igualdad, hoy también debe agregarse la ética.
Toda democracia para ser tal necesita de un consenso mínimo,
lo que Alexis de Tocqueville (3) llamaba en el siglo antepasado los “hábitos
del corazón”, que es lo que explica que el régimen más solido no es aquel que
reprime, sino aquel en que los ciudadanos tienen tales convicciones de apoyo,
que lo respaldan sin la amenaza de
coacción. Es también lo que permite la
existencia de una ciudadanía motivada no solo por sus derechos, sino también
por la noción de sus deberes, que es lo que ayuda al florecimiento de una
sociedad más solidaria por sobre la omnipresencia de la cultura individualista.
Es en los principios donde podemos encontrar respuesta a si
solo el deseo de justicia es una virtud o también lo puede ser la prudencia y
la negociación, básicos para la
convivencia democrática. Lo anterior se explica porque al vivir con otros, no
solo importa el individuo, sino también es preciso considerar a su entorno
social y no solo el interés personal. Es también el motivo por el cual la
actividad política, sea en el parlamento o en las calles, puede reforzar o
debilitar el ethos social, pero no crearlo.
(3) Alexis
de Tocqueville, La Democracia en América, Fondo de Cultura Económica, México,
1978.
Por ello, es tan lamentable lo que ha ocurrido y que explica
el desprestigio de varias instituciones: la distancia creciente entre “la” política (instituciones
y procedimientos) y “lo” político (la experiencia y actitud cotidiana de la
gente común y corriente). En otras palabras, la política institucional cayó en
la autoreferencia junto con el debilitamiento de la noción del Estado como
agente del bien común, uno de los denominadores comunes de lo que se reclama en
las calles, aunque por cierto, ninguna manifestación por numerosa que sea puede
substituir en una democracia representativa como es Chile, a la responsabilidad que asumen quienes son
electos.
El problema es que el sistema político como también el
económico se ha orientado hacia la autocomplacencia y el conformismo, lo que ha
tenido como contrapartida el malestar reinante, a pesar del crecimiento
económico y estabilidad basal de la que goza Chile. Parece contradictorio pero
no lo es, ya que son cara y sello de la misma moneda, y explica que el malestar
se oriente a modificar abusos más que a remplazar revolucionariamente al
sistema. A diferencia de la década anterior, en la primera década del siglo XXl,
aunque no se refleje en un interés para acudir a votar, lo que nos muestran las
regiones es la confirmación de la existencia de un proceso diferente,
caracterizado por el desplazamiento de los límites de lo público, buscando
reducir las distancias entre los profesionales de la política y el ciudadano
común
Estas nuevas realidades debieran recibir una lectura desde la
ética, en vez de caer en un juicio de valor nostálgico, en el sentido de que
“todo tiempo pasado fue mejor” en la democracia pre 1973, lo que simplemente no
es cierto.
En una sociedad pluralista como lo es hoy Chile, el problema
mayor es llegar a una ética común, la que solo puede ser aquella que potencia
el humanismo y rechaza lo que niega la mejor realización del ser humano, por lo
que el consenso será siempre un medio, pero nada más, es decir, una útil
herramienta para ayudar a superar toda confrontación que dificulta el bien
común.
En resumen, para
responder a lo o que está ocurriendo en regiones y en el país,
necesitamos un nuevo pacto social y constitucional.
IX.- Un nuevo Pacto Social y Constitucional.
Un Pacto de estas características necesita del Estado, no el
liberal o el productor que ya conocemos, sino uno del que Chile ha carecido, un
Estado reformado, con la capacidad de cumplir un rol que nadie más puede
hacerlo, el de tener una visión ESTRATÉGICA del país y de la sociedad,
incluyendo un nuevo arreglo institucional y territorial.
La falta de una visión estratégica no solo es notoria en
nuestras relaciones internacionales con los vecinos, en la falta de una
política energética, sino también frente a un fenómeno de gran impacto ante el
cual todavía no reaccionamos, cual lo es el cambio demográfico. En efecto,
desde al menos el censo del 2002 sabemos que la población chilena apenas se
reproduce, y que ya se inició el proceso de envejecimiento de la población, con
grandes consecuencias en una variedad de aspectos que van desde la previsión
hasta un posible exceso de aulas escolares. Sin embargo, nada de ello se ha
trasladado al proceso de toma de decisiones del país.
Es tan solo un ejemplo del porqué una reforma del Estado
chileno parte por darle una visión estratégica de su rol ante sus habitantes.
El Pacto del que hablamos necesita de tres fundamentos ya mencionados, a saber,
primero, una Ética de Principios; segundo,
una Democracia de Calidad, con instituciones prestigiadas, que no solo
funcionen sino que lo hagan bien y cuyas decisiones sean percibidas como
beneficiosas por los chilenos. El tercer aspecto ha sido el hilo conductor de estas páginas y tiene que
ver con una nueva estructura, donde una transformación profunda remplace al
Estado hipercentralizdo por uno regionalizado, donde las autoridades locales,
sean a nivel regional o municipal, adquieran efectivo poder y cuenten con
una distribución más equitativa de
recursos e impuestos, transformando a meras administraciones en verdaderos
gobiernos intermedios, sin que el país pierda su carácter unitario.
Un cuarto elemento tiene que ver con el cambio social, donde
para que este Pacto influya en las oportunidades de sus habitantes la base debe
ser dada por la meritocracia, es decir, que los méritos individuales y los
logros personales tengan prioridad por sobre el origen social, el aspecto
físico, las relaciones de amistad, o los lazos partidarios o religiosos. Por lo
tanto, la meritocracia es una asignatura pendiente al igual que políticas que
favorezcan a las clases medias, en general ausentes de prioridades
gubernamentales desde mediados del siglo pasado. Un Estado que promueva la
meritocracia no solo reflejaría mejor al Chile actual, dada la exigencia
presente a todo nivel por una mayor justicia e igualdad, sino que también
apuntaría a superar un problema muy antiguo: un clasismo característico, uno de
nuestros mayores pecados colectivos como sociedad, presente a todo nivel y en
todas partes.
Este Pacto aparecería para superar el que llegó junto con el
proceso de transición a la democracia,
el que prestó grandes servicios, pero
que ya parece agotado. Chile tiene hoy condiciones distintas y los
acontecimientos políticos y sociales, incluyendo los movimientos regionales,
así lo demuestran.
Este Pacto con sus cuatro componentes debe hacer coincidir la
gobernabilidad con la participación, sustituyendo un esquema político agotado,
toda vez que la soberanía ha sido
restringida al monopolio partidista, esclerotizando los mecanismos de
representación. Un nuevo Pacto permitirá formas de participación ciudadana que
son aceptadas como parte de derechos garantizados constitucionalmente, además
de comprender mejor la nueva realidad nacional, caracterizada por una sociedad
modernizada, plural y con mucha mayor conciencia de la dignidad de las personas
que quizás nunca antes en su masividad.
Nuestra democracia es por lo tanto una constitucional, que se
asegura que la voluntad de las instituciones coincida con la voluntad general y
donde la legitimidad del Pacto proviene también de la legitimidad de decisiones
que reposan en la adhesión de los ciudadanos.
El rol del Estado es insustituible toda vez que por si solas
las organizaciones no gubernamentales no pueden generar este Pacto toda vez que
no saben ni les corresponde priorizar ni fijar objetivos, por lo que la llamada
sociedad civil o los movimientos sociales deben contribuir renunciando a todo
aire de superioridad moral.
Por lo demás, al tener Chile una estabilidad básica y al no
detectarse apoyo masivo para un cambio radical, creo que este Pacto se puede conseguir sin necesidad de
una Asamblea Constituyente, la cual
considero innecesaria, y de la que no soy partidario, dadas las experiencias en
otros países y sobre todo, por mi visión de la democracia representativa, valiosa no solo por sus procesos electorales,
sino también y en forma importantísima por la separación de poderes y el
respeto al equilibrio de las instituciones, lamentando que la temática acotada
a la que me he limitado, no permita una fundamentación más extensa de esta
posición.
Conclusión.
Chile necesita un nuevo horizonte, una meta de país y
estrategias a ser seguidas por gobiernos de distinto signo, es decir, una
continuidad. Si se ha hecho en el manejo de las finanzas públicas, con mayor
razón debemos hacerlo en lo social y en la superación del estado centralizado.
Es lo que aportan reformas de segunda generación
que se inician con un nuevo arreglo institucional para las regiones.
Parece haber un momento propicio para una reforma de las
características propuestas toda vez que no parecen encontrar respaldo ni el
populismo, ni el cambio revolucionario, y se descarta la posibilidad de un
golpe de estado. Por lo tanto, existen las condiciones como para reforma al
Estado y la forma como se hace política, en forma consensuada y pacífica.
Como respuesta a lo que demandaron las regiones no basta con
soluciones de parche. Así fue que la respuesta para Magallanes y Aysén fue la
misma de siempre, es decir, conceder beneficios para zonas extremas, con la
particularidad que en algunos solo se estaban renovando existentes, tales como
subsidios, y otros que se quisieron modificar sin entender su importancia como
es el caso del gas. Para el norte, la respuesta fue el Fondo conocido como
FONDENOR.
Sin embargo, ello es insuficiente y no apunta al fondo del
problema, la necesidad de un nuevo Pacto, con un nuevo trato para las regiones.
En todo caso, los movimientos que tuvieron lugar en las regiones demostraron
que el Estado sigue siendo el espacio
privilegiado al que se acude, no solo por estos sino en general por
todas las demandas ciudadanas y movimientos sociales. Si el Estado no se
reforma no puede responder de buena manera, por lo que esta debilidad le impide
sintonizarse con los cambios de Chile y los chilenos.
Más allá de cuanto perjudica a demandas legítimas el
vandalismo, la violencia, la destrucción de bienes públicos o la limitación a
libertades de terceros, hay indudablemente un conflicto social y territorial,
enmarcados en una lógica centro/periferia que debiera ser superada al igual que
el descontento ante la distancia de quienes toman las decisiones y la incomprensión
de cuan fuertes son las identidades
locales, desconexión que se siente y se vive como una falta de respeto.
Los movimientos de nuevo cuño que surgieron en las regiones,
además de su transversalidad, surgieron desde lo territorial, incluyendo identidad
y cultura, apuntando a la necesidad de reformar una estructura estatal obsoleta
que no considera la distribución del poder real. Son movimientos que apuntaron
al corazón de los problemas de nuestra democracia, es decir, problemas de
inclusión y de representación.
Es eso lo que se quiso reflejar en esta propuesta que se
resume en que la mejor manera de responder a lo que ocurre en diversas regiones
del país y sintonizarse con ciudadanos que demandan por sobre todo, derechos y
dignidad, es la reforma del Estado centralista que ya cumplió y en general de
buena manera con su ciclo histórico, pero que hoy es un anacronismo que
dificulta el desarrollo humano y económico de Chile.
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